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Gobierno pasó de promover Internet a intentar su control

RSF dice que restricciones no resuelven difusión de informaciones falsas

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Un derecho garantizado

De acuerdo con una investigación académica, el Gobierno venezolano cambió su política sobre el uso público de Internet, luego de ser derrotado electoralmente en el año 2007.

La profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes (ULA), Raisa Uribarri, señala que desde la aprobación de la Constitución de la República -en 1999-, de la Ley de Telecomunicaciones y el decreto 825 del Ejecutivo Nacional -ambos en el año 2000- se consideró la Internet como una herramienta prioritaria para el desarrollo económico del país y se crearon estrategias para ampliar su penetración.

Según Uribarri, “En 2007 hubo un punto de inflexión”. Dice que la percepción del presidente de la República, Hugo Chávez, acerca de que su derrota en el referéndum para la reforma constitucional se debió a que “el pueblo no entendió la propuesta”, originado por una supuesta manipulación mediática, motivó el cambio de estrategia sobre Internet.

Según Uribarri, la aprobación del decreto 6.649 en 2009, que cataloga a Internet como un servicio suntuario – cuando antes era calificado como prioritario-, es un elemento que sugiere la nueva percepción sobre la red. También ese año se concretó la nacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, el principal proveedor de telefonía e Internet del país.

A esto se sumaría la reciente declaración del Presidente, en cuanto a que “Internet no puede ser una cosa libre”.

Reacción internacional
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras se pronunció ayer acerca de las declaraciones del mandatario venezolano, quien cuestionó la publicación en el portal Noticiero Digital de los comentarios de dos foristas, quienes informaban la supuesta muerte del ministro de Vivienda y Hábitat Diosdado Cabello y del dirigente oficialista Mario Silva.

“Aplicar restricciones a Internet no resolverá el problema de difusión de noticias falsas”, señaló el organismo a través de un comunicado.

Añadió que “Este caso sirve de pretexto al Gobierno para legitimar la regulación de un espacio cuyo control no ha conseguido hasta ahora. Una recuperación del poder por parte de las autoridades podría poner en peligro la libertad de expresión en Internet, mientras el gobierno actual ha reforzado su control de los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, a lo largo de los últimos años”, declaró la organización.

Sobre este aspecto, la investigadora de la ULA destacó que con el ordenamiento jurídico vigente existe protección para el acceso a Internet. “Cualquier elemento que se salga de allí es inconveniente”, opinó.

De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, “el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información”.

Reyes Theis
EL UNIVERSAL


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